La ley de Educación Técnico Profesional (ETP) fue sancionada el 7 de septiembre de 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, siendo ministro de Educación, Ciencia y Tecnología Daniel Filmus. Esta Ley de ETP -como se la conoce- cambió el rumbo de la educación argentina.
Pero ¿por qué fue necesaria esta ley? Concepción, gestación y nacimiento
Se puede decir que la educación técnica en Argentina nació en 1899 con la fundación de la primera escuela técnica del país por el ingeniero Otto Krause. Durante los primeros años del siglo XX surgió la necesidad de crear más instituciones técnicas y de formación en oficios ante las demandas de diferentes sectores industriales. Así, se crearon instituciones en todo el país. La creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CoNET), en 1959, permitió uniformar y agilizar su enseñanza.
En los años 1990, con la sanción de la Ley Federal de Educación (N° 24.195), las instituciones de enseñanza técnica y profesional fueron subsumidas por el Polimodal -ciclo posterior al de la educación obligatoria de 9 años (que incluía Educación Inicial y General Básica de 1° a 8° año). En la práctica, esto significó la destrucción de la educación técnica y tecnológica a través de la sostenida desinversión en recursos físicos, humanos y de gestión. El traspaso de las escuelas industriales a los polimodales implicó la dilución de la formación en el nivel secundario, y la ausencia de una validez nacional de los títulos técnicos. Desde varias entidades sectoriales y sindicales se oyeron reclamos que buscaban incluir la formación profesional a contraturno en los últimos años de la EGB e implementar los Trayectos Técnicos Profesionales luego del Polimodal. Finalmente, esta ley fue derogada en 2006 y reemplazada por la Ley Nacional de Educación (Nº 26.206), vigente actualmente.
A partir del año 2003, distintas expresiones de la sociedad civil se sumaron a la voluntad gubernamental de avanzar en programas de recuperación de la enseñanza técnica. Para la discusión del proyecto de ley, se implementaron dos circuitos de consulta a nivel nacional: encuentros federales y el entonces CoNET. A estos se sumaron ministerios provinciales, entidades gremiales, docentes y de sectores productivos; cámaras empresarias; colegios profesionales de técnicos; gobiernos provinciales; y también directivos; docentes y estudiantes.
Al año siguiente, el Consejo Federal de Cultura y Educación (Resolución 215/04) estableció los lineamientos y estrategias para iniciar, en forma sistemática, un proceso de análisis, discusión y consenso con vistas a elaborar un proyecto de Ley de Educación Técnico Profesional, que también cumpliera en los tiempos requeridos para que tomara estado parlamentario en el período legislativo 2004. Hacia fines de ese año, ya estaba elaborado el documento base e ingresó a la Cámara de Diputados para su discusión.
La Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en su Sesión Ordinaria del 7 de septiembre de 2005, aprobó el dictamen en mayoría. Al día siguiente fue promulgada la Ley N° 26.058/05 por el presidente Néstor Kirchner.
Una ley que cambia el sistema educativo argentino: Crecimiento y aprendizaje
La Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), sancionada el 7 de septiembre de 2005, regula y ordena la enseñanza técnica de los niveles Secundario, Superior y Formación Profesional para capacitar a los y las estudiantes en competencias básicas para que se inserten en ámbitos económico-productivos o continúen estudiando. En su artículo 4 consigna: “la Educación Técnico Profesional promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo…”.
Dentro de la misma, se incluyen instrumentos, mecanismos y herramientas para el financiamiento, ordenamiento, y fortalecimiento de la ETP que llevaron a la creación de nuevas instituciones en todo el país, el aumento de la matrícula, y a la mejora de entornos formativos y de la calidad de trayectorias educativas.
Con relación al financiamiento, la ley crea el Fondo Nacional para la ETP para asegurar las condiciones institucionales a través de la inversión en equipamiento, insumos, proyectos. Prevé un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2 % del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el sector público nacional. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) es el órgano del Ministerio de Educación que administra ese fondo, en el marco de lineamientos y procedimientos del Consejo Federal de Educación (CFE), y en concertación con las jurisdicciones.
En cuanto a ordenamiento, la ley incluye a instituciones de nivel medio y superior técnicas en áreas ocupacionales específicas, y a instituciones de Formación Profesional que preparan con las capacidades para el trabajo, cualquiera sea la situación educativa inicial de sus estudiantes (art. 7). Para la secundaria técnica, establece planes de estudio con un año más que la secundaria orientada (art 24).
Por otro lado, prevé instrumentos para garantizar el reconocimiento de estudios, certificaciones y títulos en todo el territorio nacional, y propiciar la articulación entre los distintos ámbitos y niveles de la Educación Técnico Profesional. Uno de los instrumentos es el Registro Federal de Instituciones de ETP (art 34), instancia de inscripción de las instituciones educativas con títulos y certificaciones de ETP, según información de las jurisdicciones. Otro es el Catálogo de títulos y certificaciones (art 36), nómina de títulos y/o certificaciones profesionales de todo el país y sus propuestas curriculares. Y a través del proceso de Homologación de títulos y certificaciones (art. 38 y 39) se habilita el trámite administrativo de Validez Nacional en la dependencia correspondiente del Ministerio de Educación Nacional (proceso que empieza cuando una jurisdicción pretende un reconocimiento nacional, se realiza una evaluación comparativa de los planes de estudio, y sus correspondientes títulos o certificados, contra un marco de referencia acordado federalmente para una determinada especialidad).
Con la creación de la Comisión federal de la ETP (art. 49 y 50), con representantes de las 24 jurisdicciones, se busca garantizar los circuitos de consulta técnica para la formulación y seguimiento de los programas federales orientados a la aplicación de la ley.
Asimismo, la ley establece claramente la necesidad de la vinculación entre la educación y los sectores socioproductivos a través de la regulación de la Formación Profesional, de las prácticas profesionalizantes, y de la creación del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
El CoNETyP (art 47) se creó con el objetivo de incluir tres ámbitos esenciales en la formulación de políticas orientadas al desarrollo de la modalidad. Este Consejo está integrado por representantes del Estado –Educación, Trabajo y Economía–, de las cámaras empresariales, de las organizaciones de los trabajadores, incluidas las entidades gremiales docentes, y las entidades profesionales de técnicos.
Las Prácticas profesionalizantes (artículos 11, 15, 16, 22) son actividades formativas obligatorias que los y las estudiantes desarrollan en distintos ámbitos -empresas privadas y públicas, organizaciones civiles, entre otras-con el propósito de ampliar y consolidar capacidades propias del perfil profesional en el cual se están formando (definidas en la Res. CFE 229/14). Permitan obtener experiencia profesional y vinculación con el campo ocupacional hacia el cual se orienta su formación.
Otro tema para destacar es que la ley garantiza la igualdad de oportunidades y la equidad de género (art. 40). En primer lugar, a través de la provisión de materiales, becas y tutorías se resguarda el derecho de acceso, permanencia y egreso de los y las estudiantes de la ETP. Y, a través de la ejecución de una línea de acción, promueve “la incorporación de mujeres como alumnas en la educación técnico profesional en sus distintas modalidades, impulsando campañas de comunicación, financiando adecuaciones edilicias y regulando las adaptaciones curriculares correspondientes, y toda otra acción que se considere necesaria para la expansión de las oportunidades educativas de las mujeres en relación con la educación técnico profesional.”
De cara al futuro: es tiempo de tomar responsabilidades
Con la recuperación de la Educación Técnica (declarada por Resolución CFE 234/14), la ETP pasó a ser considerada prioridad nacional y política de Estado “para construir una sociedad más justa y equitativa, así como para fortalecer el desarrollo económico social de la Nación”. La ley permitió el desarrollo de programas, planes, acciones que promovieron la creación de nuevas instituciones, el aumento de la matrícula, el mejoramiento de entornos formativos, el fortalecimiento de trayectorias educativas y prácticas profesionalizantes, la igualdad de oportunidades y la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad, la equidad de género, entre otros.
Sin embargo, queda mucho por hacer.
En esta etapa, iniciada en diciembre de 2019, se plantean nuevos (y viejos) desafíos para que los y las estudiantes reciban mejor capacitación y, al egresar, puedan continuar sus estudios y/o tengan mejores oportunidades laborales.
Desde el Ministerio de Educación y el INET estamos desarrollando y planificando acciones para vincular la ETP con el mundo del trabajo y la producción.
Debemos seguir preparando a nuestros estudiantes y trabajadores para el mundo que viene… y el que ya llegó. Para ello, estamos trabajando en el diseño de orientaciones que respondan a las nuevas demandas de la industria, la investigación y el desarrollo, en la jerarquización de la formación profesional y en la instalación de centros regionales de excelencia en nuevas tecnologías y su aprendizaje. Todo esto, claro, sin dejar de lado el aspecto humanístico de la formación de los técnicos y las técnicas: queremos lograr «ciudadanos técnicos», con una mirada amplia sobre un planeta sustentable, sobre las realidades que los rodean y el país que los y las necesita.
A través de programas como Crédito Fiscal, promovemos que empresas puedan financiar proyectos de las instituciones. Este año se recibieron proyectos de todas las jurisdicciones, que están siendo evaluados para eventualmente ponerlos en marcha en las instituciones y así que sean parte de la formación de los futuros técnicos.
Con los foros sectoriales y las comisiones del CoNETyP, fomentamos el diálogo entre representantes del mundo de la educación, del trabajo, empresarial, sindical y de instituciones de ciencia y tecnología. Este diálogo permite, por ejemplo, la elaboración de perfiles profesionales para modernizar y ampliar la oferta educativa en todo el país.
También estamos trabajando para que los y las estudiantes participen en más y mejores prácticas formativas curriculares y extracurriculares, y prácticas profesionalizantes acordes a su campo de formación.
Como política transversal a todos los programas y acciones, estamos promoviendo la participación de más mujeres, tanto docentes como estudiantes, en instituciones de la modalidad y en ámbitos laborales tradicionalmente ocupados por hombres.
Seguiremos desarrollando éstas y otras políticas para que la educación forme a los y las estudiantes en nuevos saberes, habilidades, capacidades para que estén plenamente preparados y preparadas para los desafíos laborales que se vienen.
Para leer la Ley de Educación Técnico Profesional – 26.058
